{"id":2755,"date":"2026-07-23T13:13:16","date_gmt":"2026-07-23T19:13:16","guid":{"rendered":"https:\/\/isas.mx\/es\/?p=2755"},"modified":"2026-07-23T13:13:16","modified_gmt":"2026-07-23T19:13:16","slug":"la-carga-de-la-prueba-en-auditorias-de-precios-de-transferencia-quien-debe-demostrar-el-principio-de-plena-competencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/isas.mx\/en\/uncategorized\/la-carga-de-la-prueba-en-auditorias-de-precios-de-transferencia-quien-debe-demostrar-el-principio-de-plena-competencia\/","title":{"rendered":"La carga de la prueba en auditor\u00edas de precios de transferencia: \u00bfqui\u00e9n debe demostrar el principio de plena competencia?"},"content":{"rendered":"<\/p>\n

En el complejo ecosistema de la fiscalidad internacional, los precios de transferencia representan uno de los mayores retos tanto para la administraci\u00f3n tributaria como para los contribuyentes. La determinaci\u00f3n de si una operaci\u00f3n entre partes relacionadas se ha pactado conforme al principio de plena competencia<\/strong> (arm\u2019s length principle<\/em>) no es \u00fanicamente un ejercicio econ\u00f3mico o contable, sino un proceso jur\u00eddico profundamente ligado a las reglas de la carga de la prueba. <\/p>\n

En M\u00e9xico, el marco normativo y la evoluci\u00f3n jurisprudencial han delimitado con precisi\u00f3n las obligaciones de las partes en las distintas etapas de una controversia fiscal. El an\u00e1lisis del Art\u00edculo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)<\/strong> y su interacci\u00f3n con el C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n (CFF)<\/strong> resulta fundamental para entender qui\u00e9n posee la obligaci\u00f3n de demostrar la validez de los precios pactados y bajo qu\u00e9 circunstancias se produce una inversi\u00f3n de dicha carga.<\/p>\n

1. El Marco Legal y el Art\u00edculo 180 de la LISR<\/h2>\n

El cumplimiento en materia de precios de transferencia parte de una premisa dual: la obligaci\u00f3n de pactar operaciones a valor de mercado y la obligaci\u00f3n de documentarlas. El Art\u00edculo 180 de la LISR no solo establece los m\u00e9todos para determinar el precio o monto de las contraprestaciones, sino que impone una jerarqu\u00eda t\u00e9cnica que el contribuyente debe seguir y, eventualmente, justificar ante la autoridad.<\/p>\n

La legislaci\u00f3n mexicana establece que los contribuyentes deben aplicar, en primer t\u00e9rmino, el M\u00e9todo de Precio Comparable No Controlado (PCNC)<\/strong>. Solo en la medida en que se demuestre que este no es el m\u00e9todo apropiado para determinar que las operaciones se realizaron a precios de mercado, se podr\u00e1 optar por los m\u00e9todos alternativos previstos en las fracciones II a VI del citado art\u00edculo. Esta estructura jer\u00e1rquica traslada al contribuyente la carga de justificar t\u00e9cnicamente por qu\u00e9 un m\u00e9todo es m\u00e1s confiable que otro en funci\u00f3n de la sustancia econ\u00f3mica<\/strong> de la transacci\u00f3n.<\/p>\n

\"Representaci\u00f3n<\/p>\n

2. La Dualidad de la Carga de la Prueba: Etapa Administrativa vs. Etapa Jurisdiccional<\/h2>\n

Es crucial distinguir entre la carga de la prueba durante el ejercicio de las facultades de comprobaci\u00f3n y la que impera una vez que se ha emitido un cr\u00e9dito fiscal y se inicia un proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)<\/strong>.<\/p>\n

A. La Fase de Fiscalizaci\u00f3n (Art\u00edculos 42, 48 y 49 del CFF)<\/h3>\n

Durante una auditor\u00eda o revisi\u00f3n de gabinete, la autoridad fiscal cuenta con facultades de comprobaci\u00f3n para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. En esta etapa, si bien el contribuyente tiene la obligaci\u00f3n formal de exhibir su documentaci\u00f3n comprobatoria (Estudio de Precios de Transferencia), la carga material de la prueba<\/strong> para desvirtuar los precios declarados recae, en principio, en la autoridad.<\/p>\n

El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) debe fundar y motivar por qu\u00e9 considera que los precios o m\u00e1rgenes de utilidad del contribuyente no se ajustan a lo que habr\u00edan pactado terceros independientes. No basta con una negaci\u00f3n gen\u00e9rica; la autoridad debe presentar un an\u00e1lisis t\u00e9cnico que identifique fallas en la comparabilidad, errores en la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo o deficiencias en el an\u00e1lisis funcional.<\/p>\n

B. La Inversi\u00f3n de la Carga en el Juicio Contencioso (Art\u00edculo 68 del CFF)<\/h3>\n

Una vez que la autoridad emite una resoluci\u00f3n definitiva que determina un cr\u00e9dito fiscal derivado de un ajuste de precios de transferencia, la din\u00e1mica probatoria cambia radicalmente. Conforme al Art\u00edculo 68 del CFF<\/strong>, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumen legales.<\/p>\n

En esta instancia, la carga de la prueba se traslada al contribuyente, quien debe destruir la presunci\u00f3n de legalidad del acto administrativo. Esto implica demostrar fehacientemente que:<\/p>\n

    \n
  1. El m\u00e9todo elegido fue el m\u00e1s apropiado bajo las Directrices de la OCDE y la LISR.<\/li>\n
  2. Los comparables seleccionados cumplen con los criterios de aceptabilidad.<\/li>\n
  3. Los ajustes de comparabilidad realizados son t\u00e9cnicamente v\u00e1lidos y necesarios.<\/li>\n<\/ol>\n

    3. Carga Formal vs. Carga Material: El Valor Probatorio del Estudio de PT<\/h2>\n

    La distinci\u00f3n entre la carga formal y la carga material es uno de los puntos donde la jurisprudencia ha sido m\u00e1s enf\u00e1tica. La carga formal<\/strong> se agota con la entrega del Estudio de Precios de Transferencia y la documentaci\u00f3n soporte requerida por el Art\u00edculo 76 de la LISR. Sin embargo, contar con el estudio no garantiza el cumplimiento de la carga material<\/strong>.<\/p>\n

    La carga material se refiere a la demostraci\u00f3n efectiva de que la realidad econ\u00f3mica de la operaci\u00f3n coincide con el an\u00e1lisis de comparabilidad presentado. Si el estudio contiene inconsistencias, falta de segmentaci\u00f3n financiera o utiliza comparables que no guardan una similitud funcional con el contribuyente, la autoridad podr\u00e1 rechazarlo, y el contribuyente habr\u00e1 incumplido con su obligaci\u00f3n de demostrar el principio de plena competencia.<\/p>\n

    \"Visual<\/p>\n

    4. Criterios Jurisprudenciales de la SCJN y el TFJA<\/h2>\n

    La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN)<\/strong> y el TFJA han emitido diversos criterios que delinean el alcance de las facultades de comprobaci\u00f3n en esta materia. Una de las tesis m\u00e1s relevantes establece que, si bien el contribuyente tiene la carga de probar la validez de sus operaciones en juicio, la autoridad no est\u00e1 relevada de su obligaci\u00f3n de motivar t\u00e9cnicamente el rechazo de los comparables del contribuyente.<\/p>\n

    El TFJA ha se\u00f1alado que la autoridad no puede simplemente sustituir el an\u00e1lisis del contribuyente por uno propio sin antes desvirtuar razonadamente el primero. Es decir, para que un ajuste de precios de transferencia sea legal, el SAT debe acreditar que su metodolog\u00eda es superior en t\u00e9rminos de confiabilidad y precisi\u00f3n t\u00e9cnica a la presentada por el contribuyente.<\/p>\n

    El Caso de los Reg\u00edmenes Fiscales Preferentes (REFIPRES)<\/h3>\n

    Existe una excepci\u00f3n notable a la regla general de la carga de la prueba en la fase de fiscalizaci\u00f3n. El s\u00e9ptimo p\u00e1rrafo del Art\u00edculo 179 de la LISR establece una presunci\u00f3n iuris tantum<\/em> de que las operaciones con residentes en reg\u00edmenes fiscales preferentes<\/strong> no se pactan a valor de mercado. En estos casos, la carga de la prueba se invierte desde el inicio de la revisi\u00f3n, obligando al contribuyente a demostrar, desde la primera etapa, la veracidad de sus contraprestaciones.<\/p>\n

    5. Efectos de la Falta de Documentaci\u00f3n y la Presunci\u00f3n de Ingresos<\/h2>\n

    La ausencia de documentaci\u00f3n comprobatoria no solo conlleva sanciones administrativas, sino que faculta a la autoridad para realizar una estimaci\u00f3n de ingresos o determinar ajustes de manera unilateral. En t\u00e9rminos legales, la falta de un soporte t\u00e9cnico s\u00f3lido puede derivar en dos escenarios cr\u00edticos:<\/p>\n

      \n
    1. Presunci\u00f3n de Ingreso Presuntivo:<\/strong> La autoridad puede determinar que la diferencia entre el valor de mercado (estimado por ella) y el valor declarado constituye un ingreso gravable omitido.<\/li>\n
    2. Erosi\u00f3n de la Base Imponible:<\/strong> El rechazo de deducciones por considerar que los pagos al extranjero (servicios, regal\u00edas, intereses) exceden lo que un tercero independiente habr\u00eda pagado en condiciones similares.<\/li>\n<\/ol>\n

      \"Arquitectura<\/p>\n

      6. Conclusiones sobre el Estado Actual de la Jurisprudencia<\/h2>\n

      El estado actual de la jurisprudencia mexicana en materia de precios de transferencia confirma que nos encontramos ante una disciplina de "prueba t\u00e9cnica". Los tribunales han evolucionado de un an\u00e1lisis meramente formalista a un escrutinio profundo de la sustancia econ\u00f3mica y los m\u00e9todos estad\u00edsticos aplicados.<\/p>\n

      La clave para el cumplimiento y la defensa exitosa ante las autoridades reside en la capacidad del contribuyente para transformar datos econ\u00f3micos en evidencia jur\u00eddica robusta. La acreditaci\u00f3n del principio de plena competencia requiere un an\u00e1lisis de comparabilidad que resista no solo el cuestionamiento matem\u00e1tico, sino tambi\u00e9n el rigor del debido proceso legal. <\/p>\n

      En un entorno de fiscalizaci\u00f3n creciente y de mayor intercambio autom\u00e1tico de informaci\u00f3n a nivel global, la gesti\u00f3n proactiva de la carga probatoria se convierte en el pilar fundamental de la seguridad jur\u00eddica para cualquier corporativo con operaciones transfronterizas.<\/p>\n