Introducción
Las reformas fiscales propuestas para 2025 por diversas autoridades tributarias en América Latina están generando expectativas y preocupaciones en el sector empresarial, especialmente en lo relacionado con los precios de transferencia. Países como México, Colombia y Brasil están revisando sus marcos normativos para alinearse con los lineamientos de la OCDE, lo cual representa un cambio significativo en los requisitos de cumplimiento y documentación. Esta transformación exige una revisión estratégica de las operaciones intercompañía para mitigar riesgos fiscales y asegurar la competitividad.
Nuevos enfoques regulatorios: OCDE y fiscalización más estricta
Las autoridades fiscales de la región han venido intensificando su vigilancia sobre las operaciones entre partes relacionadas. Esta tendencia continuará en 2025 con nuevas disposiciones que buscan garantizar que las utilidades se asignen adecuadamente entre jurisdicciones y que las multinacionales paguen impuestos donde realmente generan valor.
Uno de los puntos centrales de estas reformas es la adopción plena de las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia, particularmente en torno a la evaluación del valor económico de los intangibles, los servicios intragrupo y las transacciones financieras.
México, por ejemplo, incluirá en su legislación un nuevo enfoque para la valoración de intangibles y controlará con mayor rigurosidad los préstamos entre empresas relacionadas. Colombia, por su parte, plantea un nuevo sistema de sanciones por errores u omisiones en los estudios de precios de transferencia.
Impacto en la documentación y cumplimiento
La correcta elaboración del Estudio de Precios de Transferencia se vuelve aún más crítica. Las empresas estarán obligadas a presentar no solo el archivo local y el archivo maestro, sino también un mayor detalle en las pruebas de comparabilidad, así como análisis funcionales más profundos.
Además, algunos países comenzarán a exigir el informe país por país (CbC report, por sus siglas en inglés) a un umbral de ingresos menor, lo cual ampliará el espectro de compañías obligadas a reportar. Las autoridades fiscales podrán así cruzar información entre jurisdicciones y detectar inconsistencias con mayor facilidad.
¿Qué deben hacer las empresas?
Ante este escenario, es indispensable que las empresas multinacionales:
- Revisen sus políticas de precios de transferencia: Los métodos de valoración deben estar actualizados y alineados con las nuevas normativas.
- Realicen análisis funcionales sólidos: Entender las funciones, activos y riesgos de cada entidad del grupo es clave para justificar la asignación de utilidades.
- Anticipen auditorías: La preparación para una posible fiscalización debe incluir la documentación proactiva y simulaciones de revisión.
- Inviertan en asesoría especializada: Las reglas están cambiando rápidamente, por lo que contar con un equipo técnico capacitado marca la diferencia entre cumplir y exponerse a sanciones.
Oportunidad para reforzar la estrategia fiscal
Lejos de representar solo un reto, estas reformas también ofrecen la oportunidad de optimizar la estructura corporativa. Una revisión bien ejecutada de las políticas de precios de transferencia puede generar eficiencias tributarias, reducir riesgos y demostrar transparencia ante las autoridades fiscales.
Empresas que adopten una posición proactiva y estratégica estarán mejor preparadas para navegar el nuevo entorno fiscal en América Latina, mientras que aquellas que mantengan enfoques reactivos podrían enfrentarse a multas, ajustes impositivos y pérdida de reputación.
Conclusión
Las reformas fiscales de 2025 marcarán un nuevo capítulo en la fiscalización de operaciones entre partes relacionadas. Para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones, esto implica la necesidad urgente de reforzar su cumplimiento en precios de transferencia, alinear sus políticas con los estándares internacionales y actuar con visión estratégica.
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